Estos
últimos días nos ha llegado la noticia y el correspondiente cruce de opiniones
sobre el tema, del acto ocurrido en Andalucía, donde emulando a Robin Hood, una
serie de miembros del SAT requisaron alimentos básicos de dos supermercados
para llevarlos a un banco de alimentos para la gente necesitada.
Antes
de nada me gustaría poner algunos datos:
1.-
Según los datos del 2011 la población andaluza es de 8.424.102, de los cuáles
en el medio rural se sitúan el 54,92%,
es decir, 4.500.000 habitantes.
2.-
La población desempleada en Andalucía es del 34%, y el paro juvenil se sitúa en
el 50%. El mayor nivel de desempleo de Europa y el mismo que Palestina.
3.-
La extensión terrestre andaluza es de 87.597 km2, y el 90% del territorio
andaluz es considerado de ámbito rural.
4.- La extensión de tierras de cultivo en
Andalucía es 8.000.000 de hectáreas, de las cuáles el 50%, 4.000.000 de
hectáreas, está en manos del 2% de propietarios. Los terratenientes, la Junta
de Andalucía y el Estado, poseen fincas de cultivo que la mayoría están
abandonadas en baldío, con una media de 25.000 hectáreas por finca.
3.-
El dinero en subvenciones de Europa, asciende a 1.600.000€ anuales para el campo andaluz, de los
que el 80% se lo quedan el 20% de propietarios.
Esta
situación es endémica en Andalucía y se puede remontar a la reconquista, donde
la forma de repoblación de este territorio consistió en los donadíos, que los
reyes concedían a nobles y Órdenes militares que conquistaban los territorios
del sur de Al-Andalus.
A
lo largo de toda la historia contemporánea de nuestro país, podemos observar la
gran importancia que el territorio andaluz ha tenido en las diferentes luchas
por conseguir una sociedad más justa y más libre: Constitución de Cádiz de
1812, Revolución Gloriosa de 1868, Revolución cantonal durante la Primera República, ocupaciones de tierras
durante la Segunda República y el Frente Popular.
Parece
que en esta situación de crisis, a la que nos han llevado los que manejan los
hilos de la economía capitalista y neoliberal, algunos sectores del pueblo
andaluz, están recuperando los movimientos que les pusieron en la vanguardia de
la historia de los siglos XIX y principios del XX.
La
acción de denuncia del SAT en dos supermercados andaluces, no es la única que
se esté llevando a cabo en este territorio, pues aunque menos difundidas se han
producido otras en los últimos meses de este año, como son la ocupación de la
finca de Somonte (400) hectáreas, propiedad de la Junta de Andalucía en
Córdoba, y la finca de Las Turquillas, en Sevilla, propiedad del Ministerio de
Defensa.
Me
resulta muy curiosa la contestación del PP a la acción del alcalde de
Marinaleda, miembro del SAT y de IU, partido que comparte el poder con el PSOE
en Andalucía:
"Un partido de
gobierno tiene que dar ejemplo a los ciudadanos y esa es la responsabilidad
básica que hay que recordarle un día más a IU para que condene la acción de su
diputado y le exija responsabilidades en la asamblea andaluza", dijo el
portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso.
Me
imagino que dar ejemplo a los ciudadanos, consiste en malgastar inútilmente los
fondos públicos, es decir los de todos, en aeropuertos para conejos, en
arramblar dinero de las arcas públicas en todo tipo de tramas y chanchullos
municipales y autonómicos, en mantener sueldos vitalicios y compensaciones
económicas de escándalo para muchos de los culpables de la crisis bancaria, en
denegar el acceso a la sanidad a los más desfavorecidos, en mandar a la calle a
miles de familias golpeadas por el paro,
y un largo etc, que todos
conocemos.
Parece
ser que en el nuevo diccionario político, robar miles de millones no supone
ningún mal ejemplo para los ciudadanos, pero repartir alimentos básicos para
los que nada tienen es un acto de” lesa majestad”.
Si
tanto le preocupa al señor Alfonso Alonso el ejemplo a dar a los ciudadanos,
convendría recordarle que el máximo ejemplo en un sistema de democracia formal
como la que el defiende es el respeto a la Constitución, y me gustaría recordar
aquí un artículo de la nuestra que, como otros muchos, ni se respeta, ni a ningún político parece
preocuparle:
Artículo 47 de la
Constitución Española:
Todos los españoles tienen derecho a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las
condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el
interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las
plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Deberíamos
retomar el origen del término política, como aquello que afecta a los ciudadanos, y no con la degeneración que ha sufrido en la
práctica, donde la mayor parte de las veces es una profesión orientada al
enriquecimiento monetario o de poder en beneficio de quienes lo ejercen y no de
la sociedad en su conjunto.
Anubis